Al fin. En fin.

2013 se va permitiéndonos ser ante el mundo un ejemplo del enorme desencuentro social de la Humanidad.
La crisis que sufrimos es la patética muestra  de la dificilísima armonía cuya insatisfacción nos agobia por doquier.
Argentina enseña el abismo entre sociedad y sistema político y las amarguras de diciembre alertan al orbe sobre las consecuencias de la ineptitud social que enferma al planeta.
El ideal de una nación armónica se diluye cada vez que resurge la imposibilidad de convivir en paz con el poder real. Los monopolios sin bandera despliegan sus intereses por todas las economías y dan forma a los gobiernos generando inequidad, desazón y más corrupción.
La ingeniería política dominante, que le ha obsequiado al ideal democrático un sistema inoperante (disfrazado de federalismo, representatividad y justicia), ha ahogado toda alternativa de progreso.
Presidencialismo, populismo, unitarismo e incapacidad operativa, en un escenario que muestra el fracaso del sistema multipartidista y la consecuente nulidad creativa de programas y dirigencia, nos acercan al derrumbe.
El sistema electoral, el fracaso multipartidista, la inatajable diferencia entre quienes pueden y quienes no tiene que ser debatido y resuelto. Lo de los partidos podría solucionarse en la utilización de las primarias abiertas para definir candidaturas y proyectos, descartando el polipartidismo actual.
Habría que generar una fuerza nacional de seguridad que resuma buena parte del excesivo cuadro que dibujan soldados, marineros, pilotos, gendarmes, prefectos y policías ( y que se llevan buena parte del pobre presupuesto nacional) y que se fundamente en tareas de inteligencia (no estamos pensando en Milani) para prevenir, más que reprimir.
El poder judicial debería abrirse a tribunales internacionales, menos contagiables por los intereses internos.
Y en economía, tendríamos que poder encauzar los ahorros populares hacia metas productivas que aumenten la inversión y el empleo. Hoy, los planes de ahorro de autos absorben mucha de esa posibilidad financiera y lo que hacen principalmente es adelantarle al Tesoro la grosera carga impositiva de esos consumos: obsérvese que en seis o siete años de aportes mensuales, lo que se llenó es el reclamo estatal por el gravamen correspondiente. Aparte, téngase en cuenta la feroz distorsión que provoca la usura en la economía popular.

Inflación y estupefacientes

La inflación es una medida estúpida. Inútil.

Se trata del valor del promedio general de todos los precios de una economía (propios e importados) en pleno aumento, sostenido y persistente. Es irrisorio.

Y pensar que se crea todo un mito social al servicio de la desinformación: ¿cuál es la utilidad de semejante medida, que mezcla tractores y medias; juguetes y barcos...?

El único sentido creíble es el de una pretendida evaluación de la capacidad de gasto del promedio de los habitantes de una nación. Los precios deberían observarse sectorialmente y obtener índices para ajustarlos al castigo de su evolución. Claro que no sirve ni cuando crecen ni cuando bajan globalmente.

Estamos tocando la cuestión de los aspectos más serios de una sociedad en la que la economía es el recurso que debería nivelar condiciones: promover equidades.

Un gobierno con autoridad será el que ejecute medidas tendientes a alentar la inversión y la reproducción del empleo. En la realidad vivimos un engaño descomunal con el cual se nos lleva a admitir como posible la coexistencia de la extrema pobreza a diez cuadras de centros urbanos, como se muestra en ciudades de todas las provincias. Y seguimos rezando para que la Fuerza Superior riegue la solución.

Un aparato público nacional desmesurado y estéril reclama la mitad de cada peso que gastamos (para aplicarla en fines normalmente improductivos). Basta entender que cada familia bahiense que està en situación de poder pagar impuestos entrega dos mil pesos por mes para sostener a la administración municipal. Es así. Son tres millones diarios que la Comuna emplea para llevar a cabo los objetivos que pretende. Los obtiene de las tasas propias y de lo que le llega coparticipado por el PEN y la gobernación bonaerense.

La preocupación más honesta de los economistas debería basarse en el conocimiento de la estructura del poder real que domina a la sociedad: de sus mandamases internos y de los de afuera. Saberlo de cada región y de las tierras limítrofes.

Una nación es un conjunto de fuerzas que en un momento dado origina una resultante, la del poder circunstancial, respetuoso de de aquel histórico y permanente. El modelo vigente luce un aparato estatal sobreexcedido y asociado a determinados vectores que manejan las finanzas, los negocios impuros y los medios de desinformación. Muy poco podrìa estar encuadrado en un anhelable proyecto de democracia real.

Parálisis

Escuchar a uno de los más experimentados peritos judiciales de la Nación decir que jueces y fiscales acomodan las pericias de acuerdo al dictamen que procuran instalar es conmovedor. Y paralizante.

Roberto Locles confiaba a los medios de prensa que una reciente sentencia en su contra era lo que seguramente esperaba y que se disponía a apelar ante Casación.

Se trata del caso en que se lo considera autor de la degradación de una prueba clave en el asesinato del ferroviario Ferreyra (que le cuesta prisión a la cúpula de la Unión Ferroviaria y que no podrá llegar más alto muy probablemente).

Nefasto panorama que pinta un asistente de la justicia con larga carrera en el medio tribunalicio. El poder de los jueces ha dejado de ser garantía ciudadana. Lo más tranquilizador es que deben estar actuando todavía árbitros dignos dentro de una estructura erróneamente dada al privilegio de un cuerpo técnico (el de los abogados), que es la única profesión que permite acceder a un juicio.

Esto significa que ningún argentino confiable (sea arquitecto, empleado o ama de casa) puede resolver sobre la conducta de un conciudadano. Bastaría que tenga criterio y se le aporten los asesores jurídicos que correspondan al mejor logro de su compromiso. Es obvio.

Un sistema judicial que incorpore tribunales extranacionales, como podrían ser los del Mercosur, estaría habilitado para juzgar las causas más graves y alejarlas del juego de influencias e intereses que podrán fructificar indeseable o incontrolablemente bajo marcos provinciales o de la nación.

Punto aparte para el desastroso sistema carcelario, cuya meta es mantener fuera de la sociedad durante un tiempo a los presuntamente indeseables. Urge repensar cómo enderezar la disconducta de los presos y volverlos a la civilidad con los derechos que corresponden.

Sin GPS

Un gobierno que no se preocupa en alentar la reproducción del empleo no tiene rumbo.

Empleo engloba la utilización de todos los recursos habilitados para producir: gente, ahorros, mercados.

Lo concerniente a la gente implica predisponer al estímulo, la formación y capacitación humana para fines creativos y técnicos. Nuestra universidad pública es una bendición y un sustento valiosísimo de la irrenunciable democracia. Debe defenderse y mejorarse: sin el derroche actual de dar lugar a alumnos y docentes que no deberían provocar el malgasto social. Por otro lado, la etapa educativa previa tiene que ser un proceso en el cual se exalte la individualidad y la potencia de cada chico. No, como ocurre hasta ahora, que es un discurrir orientado exagerada y defectuosamente a lo disciplinante.

La capacitación humana debe respetar las diferencias culturales y propender a la mayor equidad formativa en todo el territorio nacional.

El tema ahorros (es decir, los consumos postergados) lleva al examen de las alternativas propuestas desde el gobierno para asignar esos dineros saliendo de la mediocridad improductiva de la construcción o la especulación como lo obligado.

La política económica debe afirmarse sobre la justicia distributiva esgrimiendo correctamente la estrategia tributaria y anulando la inflación. Tedrá como objetivos nucleares la inversión reproductiva como resultado de los alicientes que plantee la autoridad para encaminar los flujos financieros hacia las metas generativas.

Los mercados simbolizan la oferta y la demanda en espacios tanto nacionales como internacionales. El crecimiento productivo requiere un consumo más alto (sea doméstico o extranjero) y el logro de esos ámbitos es otro propósito insoslayable de los gobiernos.

En resumen, nuestras autoridades deben apuntar a la democracia económica neutralizando a los focos de poder concentrado y apoyando el desarrollo de la clase media (sobre todo de las PyMe); potenciando la infraestructura necesaria (transporte, recreación, vivienda, atención de la salud, educación) para que un eficaz manejo impositivo favorezca el mejor reparto posible de los frutos.

Cuestión aparte es la ingeniería institucional (de los tres poderes básicos) que pueda acompañar una propuesta de progreso. La actual, con el ejecutivo en goce de abusos desmedidos; el judicial, débil y maniatado, y el legislativo, excedido en monitores del poder de turno, no nos sirve.

Hacia la República

Hay contradicciones irritantes.

En esta sociedad se premia la responsabilidad con mayores posibilidades de consumo. Así, un intendente municipal de Bahía Blanca lleva a su bolsillo mensualmente unos ochenta y pico mil pesos.

Por otra parte, un jefe de familia que se desempeñe en la administración comunal y no tenga cargo alcanzará a siete mil pesos cada treinta días, probablemente.

Ese criterio es tan fuerte que cualquier acción que presuma un riesgo para otro o para el mismo causante se castiga con quitas a la posibilidad de gasto del actuante. Si alguien es visto por un inspector sin tener colocado el casco mientras conduce una moto, perderá unos dos mil trescientos noventa y cinco pesos frente al encargado municipal de resolver las multas.

La misma cantidad si se llega a ver a un conductor usando su celular (o rascándose ingenuamente una oreja).

Lo contradictorio resulta ante la obligación primordial del gobierno, la cual es generar trabajo para todo el que lo necesite. Es decir, alentar y orientar inversiones que recreen producción y empleo. Manejar, además, los recursos públicos con toda la eficacia, austeridad y decencia que cabe reclamar. En cambio, en lugar de asistir al reparto social más justo posible para promover una sociedad estable y en paz, reemplaza la imprescindible faena de educar y persuadir por la aplicación de castigos...y en moneda!!!.

Cuánto menos significativo es una multa para el poseedor (legítimo) de un móvil de alta gama que para el de una modesta motito. La pena en dinero es plenamente injusta. Deberá sustituirse por una reducción en los derechos, como el tiempo de habilitación para manejar un vehículo o tratar de llevar adelante u negocio. Eso es mucho más equitativo.

Hoy, en Bahía Blanca, quien conduce una moto sin usar caso y con la patente corrida de lugar o difícil de leer más vale que la dé por perdida. Por el importe de las multas, obviamente.

La urgencia gubernamental en la aplicación de parches a los reclamos lleva más fácilmente a la represión y a la injusticia. Tenemos que corregir el funcionamiento de los poderes y reivindicar para la sociedad la potestad que las autoridades y el sistema en vigencia le están confiriendo a los que más tienen, en desmedro de la libertad y el porvenir.

Monopartidismo

La evolución de la vida política nos deja con la cruda vista de partidos vacíos. Han perdido entidad por falta de representación social, de proyección de propuestas y de formación de dirigentes y militantes.

Una mirada constructiva dejaría ver que estamos en camino del monopartidismo. O del nulipartidismo. Y no es para angustiarse.

Las PASO, que volveremos a ejercitar en pocos días, son un inesperado recurso para vivir otra vez la democracia ansiada, vilipendiada por los mecanismos electorales. Las listas sábana, las candidaturas testimoniales, la licuación partidaria con indiferenciación de banderas, nos fueron acercando a una alternativa valiosa. Las “internas abiertas”, que podrán servir para definir elegibles, funcionarían también para ofrecer propuestas y programas a seleccionar por la ciudadanía.

Sería deseable que el fin del voto obligatorio acompañe este progreso, para que elijan los que sienten algún grado de compromiso con nuestro porvenir.

Sea a la altura de las comunas, las provincias o la nación, esa preelección podrá satisfacer la ausencia programática de los partidos y reemplazar este “intercambio de figuritas” que desde hace unos años venimos practicando.

Imaginemos una jornada en la que se pondrían a juicio proyectos y ejecutores sin distinción de banderas y movidos, quizá, a resumir criterios para agruparlos en continentes provinciales y del país.

El camino al partido único, de la mano de la preelección general, no puede dejar de entusiasmar como alternativa para respirar la democracia que les debemos a los que vienen.

Buenas y Malas

El código de Tránsito y Transporte bonaerense agrupa normas que están bien y mal.

Todas aquéllas que tienden a evitar un daño generalizado o impiden la actuación de un tercero (incluido el agente público) son las legítimas. Las que afectan libertades y decisiones del individuo, son erradas y hasta antidemocráticas.

No mostrar una chapa patente (que no permite identificar el rodado) es un ilícito punible.

No usar casco con una moto es una decisión individual y no cabe que a través de una norma se pretenda imponer una conducta. La ley existe para arbitrar, no para prevenir la efectos de una inconducta individual.

Multar la falta de seguro es incorrecto: se está forzando un contrato entre privados procurando que no se caiga en la irresponsabilidad de no estar cubierto en caso de accidente o daño a tarcero. Lo mismo con lo referido a la ingesta de alcohol o al no usar el cinturón de seguridad.

El estado legisla indebidamente y, muchas veces, desacertadamente. Usar un celular al manejar encierra un riesgo muy difícil de pronosticar. El efecto no deseable de esa conducta será responsabilidad de quien la lleve a cabo.

Otro caso: se exige cumplir con la verificación técnica (VTV).

Es de esperar que los propietarios de los vehículos satisfagan año a año (en la gran mayoría de los casos) ese reclamo cuando se cuenta con los medios para hacerlo. Sin embargo, en el ejemplo de Bahía Blanca, ruedan zonalmente bastante más de cien mil unidades (autos, camiones, motos, acoplados y otros) y las instalaciones existentes podrían cubrir a lo sumo, en los 12 meses, no más de 23 mil (trabajando a pleno las tres fosas, las ocho horas diarias, todos los días hábiles) tardando unos 20 minutos de promedio por revisión. ¿Con qué derecho puede multarse por esa falta?.

Una licencia de conductor está muy lejos de prevenir que alguien produzca un daño con su rodado. Es un recurso para recaudar y para hacer sentir una presión que no escapa a la voluntad disciplinante y represiva del aparato oficial.

Es decepcionante que no existan vías ni voluntades de reacción a estos excesos públicos. Y lo lamentable es que ocurre en todo el mundo algo parecido.

Somos sociedades sometidas por el miedo y el vigor del orden. En todos los ámbitos. Es hora de despertar.