Hay contradicciones irritantes.
En esta sociedad se premia la
responsabilidad con mayores posibilidades de consumo. Así, un
intendente municipal de Bahía Blanca lleva a su bolsillo
mensualmente unos ochenta y pico mil pesos.
Por otra parte, un jefe de familia que
se desempeñe en la administración comunal y no tenga cargo
alcanzará a siete mil pesos cada treinta días, probablemente.
La misma cantidad si se llega a ver a
un conductor usando su celular (o rascándose ingenuamente una
oreja).
Lo contradictorio resulta ante la
obligación primordial del gobierno, la cual es generar trabajo para
todo el que lo necesite. Es decir, alentar y orientar inversiones que
recreen producción y empleo. Manejar, además, los recursos públicos
con toda la eficacia, austeridad y decencia que cabe reclamar. En
cambio, en lugar de asistir al reparto social más justo posible para
promover una sociedad estable y en paz, reemplaza la imprescindible
faena de educar y persuadir por la aplicación de castigos...y en
moneda!!!.
Cuánto menos significativo es una
multa para el poseedor (legítimo) de un móvil de alta gama que para
el de una modesta motito. La pena en dinero es plenamente injusta.
Deberá sustituirse por una reducción en los derechos, como el
tiempo de habilitación para manejar un vehículo o tratar de llevar
adelante u negocio. Eso es mucho más equitativo.
Hoy, en Bahía Blanca, quien conduce
una moto sin usar caso y con la patente corrida de lugar o difícil
de leer más vale que la dé por perdida. Por el importe de las
multas, obviamente.
La urgencia gubernamental en la
aplicación de parches a los reclamos lleva más fácilmente a la
represión y a la injusticia. Tenemos que corregir el funcionamiento
de los poderes y reivindicar para la sociedad la potestad que las
autoridades y el sistema en vigencia le están confiriendo a los que
más tienen, en desmedro de la libertad y el porvenir.
