El monopolio es la corrupción de la democracia. Es su enfermedad letal.
Hemos aceptado defender la economía de mercado para organizar la demanda y la oferta e integrar una vinculación glabalizada. Llevamos a los tumbos una propuesta regional a través del MERCOSUR. Pero no hemos sabido defender los fundamentos del liberalismo adoptado: promover la equidad, la actitud solidaria, diluyendo todas las formas de concentración corruptora.
Como economía periférica, Argentina ha involucionado en una irrefrenable monopolización. Los 90 apuraron el proceso, privatizaciones mediante, con un endeudamiento
que agrava la pauperización popular.
La incapacidad de instalar una legislación reguladora (porque la corrupción vació la vida política) consolidó la monopolización.
Y el poder de las minorías ha crecido vigorosa e indeseablemente.
Flotamos en aguas de desencuentro entre la gente y las instituciones que debieran representarnos. La disconformidad de quienes sufren la marginación, la exclusión y el empobrecimiento nos sacude diariamente.
El descrédito del sistema electoral, devenido en un cambio de figuritas por asfixia de los partidos (que tendrían que generar programas y preparar dirigentes) refuerza la no correspondencia entre reclamos y recursos virtuales. La incongruencia entre las urgencias colectivas y el sistema constitucional de poderes refuerza la irrepresentatividad.
Sin federalismo, las decisiones se concentraron en la Capital, con una Corte Suprema disputada por las cúpulas dirigenciales y con legislaturas pobladas de profesionistas electorales, la representatividad está asfixiada.
La concentración financiera y el severo empobrecimiento de la clase media muestran un sistema ganado por la corrupción. Se diluyeron los mecanismos de intermediación legítima: se vaciaron los partidos y los funcionarios se aíslan de las bases. Todos los ámbitos sociales cayeron en desvirtuación.
¿Cómo se puede hablar de la familia como célula básica de la sociedad cuando el sistema no puede remediar el desempleo?. La economía de mercado se reduce a las demandas solventes y margina a los imposibilitados, induce consumos extravagantes que favorecen la diferenciación de las potencialidades sectoriales; asombra con violencia e inseguridad creciente.
Se necesita un cambio constitucional profundo que permita recuperar la tangencia entre instituciones y Pueblo: reforzar el esquema que sitúe con mayor equilibrio y capacidad de acción a los entes estatales frente a las apetencias corporativas.
Quizá se deba federalizar dando mayores controles a las Provincias (justificando un gabinete de ministros nacionales aceptados por los mandatarios del interior). O voltear la ecuación del presupuesto haciendo que el nacional sea una resultante de los requerimientos federales. Y, también, compensar sólidamente a las comunas pobres en su relación con las urbes más densas (para atajar el despoblamiento destructivo).
Hacer que el Judicial deje de ser un foro excluyentes de los abogados. ¿Por qué las Cortes no pueden nutrirse de ciudadanos distinguidos con origen en ámbitos distintos al jurídico?.
¿Cuánto de legitimidad implica un poder legislativo que renuncia a su naturaleza asam-bleística y sirve de oportunidad de negocios para sus miembros? Representantes del oficialismo que actúan como secretarios del ejecutivo y aquellos de la oposición tratando más que nada de progresar en sus porvenires individuales. O senadores que cambian de domicilio para ocuparse de los intereses de sus flamantes coprovincianos...
La partidización de los organismos ejecutivos abona la corrupción. Habría que volver a llevar el debate político a los cabildos y concejos e instalar a los jefes comunales (como los bonaerenses, por caso) en la presidencia de los entes deliberativos. ¿Cuánto se daña, sino, a los planteles municipales al embanderar a los funcionarios, en lugar de exigirles un permanente esfuerzo profesional?.
Hace ya algo más de 40 años, Georges Lasserre, prócer de la recuperación francesa de posguerra, dijo en la sede de la Universidad Nacional de Sur de Bahía Blanca: “La de consumo es la forma más desarrollada de cooperación...Aquí se concentran las mayores ambiciones del cooperativismo porque, si llega a generalizarse, transformará las economías mucho más radicalmente que en el caso de una generalización de las cooperativas de trabajo o de las agrícolas. La doctrina cooperativa desea universalizar la economía cooperativa, y funda sus esperanzas en la cooperación de consumo”.
Bahía Blanca alberga a la cooperativa de consumidores más importante de la Argentina, que superó sus 85 años de existencia. Se trata de una asociación sin fines de lucro, para darle consistencia en la negociación con los oferentes. A diferencia de los híper y supermercados de accionistas
anónimos, el fruto no tiene más dueños que los cooperadores.
La monopsonización parece ser un instrumento esencial para equilibrar los riesgos productivos, proponiendo cantidades, precios y variedades. Además, provee a las arcas públicas un sendero de legalidad impositiva irrenunciable. La organización de estas cooperativas por ciudades, administradas por vecinos, federadas a nivel de regiones y provincias, proporcionará a la economía de mercado una alternativa genuina de democracia. No habrá proceso legítimo de desarrollo, como ya apuntamos, si no se logra involucrar a la gente en él.
Comprometer cooperativamente a los consumidores en el diseño de la economía servirá para atajar el cáncer corruptivo empujado por los monopolios y dar pie al diseño de un desarrollo con justicia. Promover una reforma que recupere la representatividad institucional afirmará una alternativa democrática.
Hemos aceptado defender la economía de mercado para organizar la demanda y la oferta e integrar una vinculación glabalizada. Llevamos a los tumbos una propuesta regional a través del MERCOSUR. Pero no hemos sabido defender los fundamentos del liberalismo adoptado: promover la equidad, la actitud solidaria, diluyendo todas las formas de concentración corruptora.
Como economía periférica, Argentina ha involucionado en una irrefrenable monopolización. Los 90 apuraron el proceso, privatizaciones mediante, con un endeudamiento
que agrava la pauperización popular.
La incapacidad de instalar una legislación reguladora (porque la corrupción vació la vida política) consolidó la monopolización.
Y el poder de las minorías ha crecido vigorosa e indeseablemente.
Flotamos en aguas de desencuentro entre la gente y las instituciones que debieran representarnos. La disconformidad de quienes sufren la marginación, la exclusión y el empobrecimiento nos sacude diariamente.
El descrédito del sistema electoral, devenido en un cambio de figuritas por asfixia de los partidos (que tendrían que generar programas y preparar dirigentes) refuerza la no correspondencia entre reclamos y recursos virtuales. La incongruencia entre las urgencias colectivas y el sistema constitucional de poderes refuerza la irrepresentatividad.
Sin federalismo, las decisiones se concentraron en la Capital, con una Corte Suprema disputada por las cúpulas dirigenciales y con legislaturas pobladas de profesionistas electorales, la representatividad está asfixiada.
La concentración financiera y el severo empobrecimiento de la clase media muestran un sistema ganado por la corrupción. Se diluyeron los mecanismos de intermediación legítima: se vaciaron los partidos y los funcionarios se aíslan de las bases. Todos los ámbitos sociales cayeron en desvirtuación.
¿Cómo se puede hablar de la familia como célula básica de la sociedad cuando el sistema no puede remediar el desempleo?. La economía de mercado se reduce a las demandas solventes y margina a los imposibilitados, induce consumos extravagantes que favorecen la diferenciación de las potencialidades sectoriales; asombra con violencia e inseguridad creciente.
Se necesita un cambio constitucional profundo que permita recuperar la tangencia entre instituciones y Pueblo: reforzar el esquema que sitúe con mayor equilibrio y capacidad de acción a los entes estatales frente a las apetencias corporativas.
Quizá se deba federalizar dando mayores controles a las Provincias (justificando un gabinete de ministros nacionales aceptados por los mandatarios del interior). O voltear la ecuación del presupuesto haciendo que el nacional sea una resultante de los requerimientos federales. Y, también, compensar sólidamente a las comunas pobres en su relación con las urbes más densas (para atajar el despoblamiento destructivo).
Hacer que el Judicial deje de ser un foro excluyentes de los abogados. ¿Por qué las Cortes no pueden nutrirse de ciudadanos distinguidos con origen en ámbitos distintos al jurídico?.
¿Cuánto de legitimidad implica un poder legislativo que renuncia a su naturaleza asam-bleística y sirve de oportunidad de negocios para sus miembros? Representantes del oficialismo que actúan como secretarios del ejecutivo y aquellos de la oposición tratando más que nada de progresar en sus porvenires individuales. O senadores que cambian de domicilio para ocuparse de los intereses de sus flamantes coprovincianos...
La partidización de los organismos ejecutivos abona la corrupción. Habría que volver a llevar el debate político a los cabildos y concejos e instalar a los jefes comunales (como los bonaerenses, por caso) en la presidencia de los entes deliberativos. ¿Cuánto se daña, sino, a los planteles municipales al embanderar a los funcionarios, en lugar de exigirles un permanente esfuerzo profesional?.
Hace ya algo más de 40 años, Georges Lasserre, prócer de la recuperación francesa de posguerra, dijo en la sede de la Universidad Nacional de Sur de Bahía Blanca: “La de consumo es la forma más desarrollada de cooperación...Aquí se concentran las mayores ambiciones del cooperativismo porque, si llega a generalizarse, transformará las economías mucho más radicalmente que en el caso de una generalización de las cooperativas de trabajo o de las agrícolas. La doctrina cooperativa desea universalizar la economía cooperativa, y funda sus esperanzas en la cooperación de consumo”.
Bahía Blanca alberga a la cooperativa de consumidores más importante de la Argentina, que superó sus 85 años de existencia. Se trata de una asociación sin fines de lucro, para darle consistencia en la negociación con los oferentes. A diferencia de los híper y supermercados de accionistas
anónimos, el fruto no tiene más dueños que los cooperadores.
La monopsonización parece ser un instrumento esencial para equilibrar los riesgos productivos, proponiendo cantidades, precios y variedades. Además, provee a las arcas públicas un sendero de legalidad impositiva irrenunciable. La organización de estas cooperativas por ciudades, administradas por vecinos, federadas a nivel de regiones y provincias, proporcionará a la economía de mercado una alternativa genuina de democracia. No habrá proceso legítimo de desarrollo, como ya apuntamos, si no se logra involucrar a la gente en él.
Comprometer cooperativamente a los consumidores en el diseño de la economía servirá para atajar el cáncer corruptivo empujado por los monopolios y dar pie al diseño de un desarrollo con justicia. Promover una reforma que recupere la representatividad institucional afirmará una alternativa democrática.
