2006 significará el 98 cumpleaños de Moisés Lebensohn.

Nació en Bahía Blanca y desarrolló su profesión de abogado y legislador desde el Junín bonaerense. Allí fundó el diario “Democracia”, hoy vigente.

Junto a Sabattini, Balbín, Del Mazo y Frondizi concibió el Movimiento de Intransigencia y Renovación, que en 1946 los llevara a la dirigencia de la UCR. Expusieron sus propósitos de soberanía económica, planificación estatal y equidad social.

Presidió el Comité bonaerense en 1949, ejerciendo ese año la titularidad del bloque de diputados radicales. En esa función llevó a cabo una destacada tarea en la Convención constituyente apoyando los cambios sociales en progreso de los desposeídos.

De él dijo Raúl R. Alfonsín: “Ese extraordinario luchador por la democracia, la justicia social y la lucha contra la presión internacional, cobra en la actualidad más fuerza que nunca ante los desmanes imperiales del gobierno de los Estados Unidos y la opresión inadmisible que vienen sufriendo los países que se oponen a su oprobiosa estrategia”.

Lebensohn murió a los 44 años, el 13 de junio de 1953. "No debo morir", decía en su lecho final. No parece que el Partido Radical de hoy esté recordando sinceramente los deberes que se imponía el alma agitada de Lebensohn, ni mucho menos recogiendo su mensaje. Más bien su dirigencia lo está suicidando. Poco interesa, porque Lebensohn supera de lejos la decadente conducción de un partido que perdió su rumbo y envejeció en su propia laxitud quedantista. Nunca fue una figura cómoda para los dirigentes enquistados.
Sin embargo, y eso es lo que importa, para las jóvenes generaciones su prédica y su modelo de vida, de severo compromiso público, registran una actualidad sorprendente.

En homenaje al político y periodista bahiense, Juventud Radical y Franja Morada sostienen el Instituto de Pensamiento y Formación Moisés Lebensohn (www.institutolebensohn.org.ar). Por otra parte, ha cumplido veinte años el Ateneo que lleva el nombre del autor de Profesión de Fe Doctrinaria.

La hipnosis de la Competencia

Es muy difícil aceptar la estabilidad como fruto de una economía de mercado. O sea, cuando empresarios disputan metas de triunfo, crean el sometimiento de la fuerza laboral promoviendo economías recesivas y concentradas.

Una sociedad marginada a la periferia del capitalismo, sin soberanía, comprometida en un descomunal endeudamiento externo; sin capacidad de generar nuevos empleos (y, quizá, imposibilitada de salvar los que ya existen); con un aparato estatal sobredimensionado, ineficaz; endeudada internamente, no encontrará en las recetas de moda las vías de solución.
Habrá que convocar a la participación popular, enfrentar a los monopolios asociando a los consumidores (extendiendo y profundizando el cooperativismo de compras).

En síntesis: cuando se dice competencia seguramente se quiere decir democracia. Se trata de lograr una economía estable que provea empleos para quienes se agregan al mercado laboral, que sanee el crédito para promover los consumos y facilitar la producción; que cuente con una administración pública ajustada y eficiente.

Para llegar a eso, los argentinos del Mercosur deberemos reconstituirnos como sociedad federalizando el poder (de las provincias a la presidencia nacional), despartidizando (y profesionalizando) los organismos ejecutivos y dándole a los congresos (incluyendo a los provinciales y municipales) el carácter de genuinas asambleas circunstanciales y no de cámaras donde por 4, 6 o 9 años se negocian prebendas y favores.

Acerca del gran desorden económico urbano

“Tenemos una coordinadora que cubre todo el sur hasta Bariloche. Acá, en Bahía, somos mil doscientas vendedoras. Nuestra firma lleva 25 años vendiendo a domicilio, por pedido, y siempre cumplió religiosamente. Una vez por mes pagamos los pedidos y entregamos. Lo que se rechaza, nos lo quedamos y nos sirve de stock. Siempre se puede vender”.
La información provenía de una experimentada vendedora de Violetta Fabiani, que cubre una gran cantidad de rubros (lencería, ropa de cama, joyería, cosmética, etc.) que se van ampliando permanentemente.


Si uno se pone a pensar en la cantidad de líneas que desarrolla este tipo de venta no puede dejar de lamentar las consecuencias sobre el comercio local. Cuántos puestos de empleo en blanco se pierden, cuántos impuestos dejan de entrar a la comuna y cuánta flacura significa para los negocios instalados.
No existe ninguna forma municipal de control de estos oficios.

Argumentan que los precios son mucho más accesibles que los del comercio en mostrador. Puede darse que que eso sea cierto. De haber diferencia estaría en los impuestos, en los aportes y en los servicios que dejan de abonarse. Pero también se explica que la percepción de precios inferiores provoca un volúmen de gasto mayor que el que un comprador presupuestaría normalmente. Tal es la estrategia que utilizan las grandes tiendas.
Todo el tema anterior se agrava cuando uno está ubicado en una ciudad que no tiene defensas para retener los ingresos que la gente recibe en sueldos, comisiones, aranceles profesionales, y que se fugan a otros ámbitos donde se fabrican los bienes que ese vecindario compra pero no produce.


En Bahía Blanca, la adquisición de una heladera, una revista, un auto, un mueble, que no suelen elaborarse localmente, ocasiona un escape de ahorros que no pueden aprovecharse para mantener el empleo ni el capital invertido. Es muy escaso lo que queda de los ingresos de las familias, transferidos periódicamente al comercio y a proveedores de servicios. Todos éstos adquieren mercaderías e insumos afuera de la ciudad. Más, los impuestos que absorben la provincia y la nación.


La alternativa depende de poder reclamar un reparto más justo de las oportunidades productivas para las distintas regiones argentinas. Y esto deberá asocirse a una estrategia de repoblamiento nacional (desinflando el conurbano, sobre todo).
Estos temas apuntan a reconocer que hay multitud de problemas que requieren atención de funcionarios y académicos. Son la única vía de sustentación de la democracia económica y, por ende, de la política

Somos, queremos y debemos

El monopolio es la corrupción de la democracia. Es su enfermedad letal.

Hemos aceptado defender la economía de mercado para organizar la demanda y la oferta e integrar una vinculación glabalizada. Llevamos a los tumbos una propuesta regional a través del MERCOSUR. Pero no hemos sabido defender los fundamentos del liberalismo adoptado: promover la equidad, la actitud solidaria, diluyendo todas las formas de concentración corruptora.

Como economía periférica, Argentina ha involucionado en una irrefrenable monopolización. Los 90 apuraron el proceso, privatizaciones mediante, con un endeudamiento
que agrava la pauperización popular.

La incapacidad de instalar una legislación reguladora (porque la corrupción vació la vida política) consolidó la monopolización.

Y el poder de las minorías ha crecido vigorosa e indeseablemente.

Flotamos en aguas de desencuentro entre la gente y las instituciones que debieran representarnos. La disconformidad de quienes sufren la marginación, la exclusión y el empobrecimiento nos sacude diariamente.

El descrédito del sistema electoral, devenido en un cambio de figuritas por asfixia de los partidos (que tendrían que generar programas y preparar dirigentes) refuerza la no correspondencia entre reclamos y recursos virtuales. La incongruencia entre las urgencias colectivas y el sistema constitucional de poderes refuerza la irrepresentatividad.

Sin federalismo, las decisiones se concentraron en la Capital, con una Corte Suprema disputada por las cúpulas dirigenciales y con legislaturas pobladas de profesionistas electorales, la representatividad está asfixiada.

La concentración financiera y el severo empobrecimiento de la clase media muestran un sistema ganado por la corrupción. Se diluyeron los mecanismos de intermediación legítima: se vaciaron los partidos y los funcionarios se aíslan de las bases. Todos los ámbitos sociales cayeron en desvirtuación.

¿Cómo se puede hablar de la familia como célula básica de la sociedad cuando el sistema no puede remediar el desempleo?. La economía de mercado se reduce a las demandas solventes y margina a los imposibilitados, induce consumos extravagantes que favorecen la diferenciación de las potencialidades sectoriales; asombra con violencia e inseguridad creciente.

Se necesita un cambio constitucional profundo que permita recuperar la tangencia entre instituciones y Pueblo: reforzar el esquema que sitúe con mayor equilibrio y capacidad de acción a los entes estatales frente a las apetencias corporativas.

Quizá se deba federalizar dando mayores controles a las Provincias (justificando un gabinete de ministros nacionales aceptados por los mandatarios del interior). O voltear la ecuación del presupuesto haciendo que el nacional sea una resultante de los requerimientos federales. Y, también, compensar sólidamente a las comunas pobres en su relación con las urbes más densas (para atajar el despoblamiento destructivo).

Hacer que el Judicial deje de ser un foro excluyentes de los abogados. ¿Por qué las Cortes no pueden nutrirse de ciudadanos distinguidos con origen en ámbitos distintos al jurídico?.

¿Cuánto de legitimidad implica un poder legislativo que renuncia a su naturaleza asam-bleística y sirve de oportunidad de negocios para sus miembros? Representantes del oficialismo que actúan como secretarios del ejecutivo y aquellos de la oposición tratando más que nada de progresar en sus porvenires individuales. O senadores que cambian de domicilio para ocuparse de los intereses de sus flamantes coprovincianos...

La partidización de los organismos ejecutivos abona la corrupción. Habría que volver a llevar el debate político a los cabildos y concejos e instalar a los jefes comunales (como los bonaerenses, por caso) en la presidencia de los entes deliberativos. ¿Cuánto se daña, sino, a los planteles municipales al embanderar a los funcionarios, en lugar de exigirles un permanente esfuerzo profesional?.

Hace ya algo más de 40 años, Georges Lasserre, prócer de la recuperación francesa de posguerra, dijo en la sede de la Universidad Nacional de Sur de Bahía Blanca: “La de consumo es la forma más desarrollada de cooperación...Aquí se concentran las mayores ambiciones del cooperativismo porque, si llega a generalizarse, transformará las economías mucho más radicalmente que en el caso de una generalización de las cooperativas de trabajo o de las agrícolas. La doctrina cooperativa desea universalizar la economía cooperativa, y funda sus esperanzas en la cooperación de consumo”.

Bahía Blanca alberga a la cooperativa de consumidores más importante de la Argentina, que superó sus 85 años de existencia. Se trata de una asociación sin fines de lucro, para darle consistencia en la negociación con los oferentes. A diferencia de los híper y supermercados de accionistas
anónimos, el fruto no tiene más dueños que los cooperadores.

La monopsonización parece ser un instrumento esencial para equilibrar los riesgos productivos, proponiendo cantidades, precios y variedades. Además, provee a las arcas públicas un sendero de legalidad impositiva irrenunciable. La organización de estas cooperativas por ciudades, administradas por vecinos, federadas a nivel de regiones y provincias, proporcionará a la economía de mercado una alternativa genuina de democracia. No habrá proceso legítimo de desarrollo, como ya apuntamos, si no se logra involucrar a la gente en él.

Comprometer cooperativamente a los consumidores en el diseño de la economía servirá para atajar el cáncer corruptivo empujado por los monopolios y dar pie al diseño de un desarrollo con justicia. Promover una reforma que recupere la representatividad institucional afirmará una alternativa democrática.

Convivir...Ay, ay, ay

Antes de mediados del siglo anterior comenzaron a multiplicarse los complejos de viviendas. Lujosos o humildes. Residencias de lujo en las ciudades más importantes y barrios populares (típicamente en monobloques) en las zonas habitadas por asalariados.

Esa explosión de las residencias en conjunto aportó valiosas soluciones a muchos que no tenían acceso al albergue propio. Ocurrió sobre todo a partir del primer gobierno de J.D. Perón.
Los gremios intermediaron en los proyectos inscribiendo y adjudicando. El Banco Hipotecario Nacional favoreció el crédito fácil que en muchos casos otorgó casi gratuitamente (especialmente por los avatares inflacionarios) esas moradas.

Claro que aquéllas formaban parte de conjuntos, con áreas comunes; derechos y obligaciones compartidos. La cuestión es que se promovió el acceso a la vida en común sin hacer saber a los beneficiarios lo que correspondía por ley. Era entregar las unidades sin explicar los atributos de la ley de propiedad horizontal.

No tardaron en aparecer severos problemas de convivencia y un alejamiento pronunciado de lo que plantea esa legislación de vivienda comunitaria.

Dejando de lado las extensiones sin permiso de muchas viviendas, el desconocimiento de los administradores, el desprecio de expensas generales, la negligencia en el mantenimiento y la imprevisión por accidentes o daños eventuales, la Argentina pasó a ser escenario de discordias de todo tipo. No había base de educación o persuasión sobre cómo desenvolverse en ese tipo de compromiso social.

La cosa sigue igual. O, peor. Porque los inmuebles se van deteriorando y pensar en renovar esas alternativas es muy, muy difícil en un país tan endeudado y empobrecido.

Por eso proponemos como objetivo de los legisladores imaginar e instalar mecanismos que permitan ordenar la formación de consorcios, haciendo participar a los municipios en la integración de oficinas que ayuden al desenvolvimiento de los mismos.

Hay que hacer bajar la ley para que sirva al gobierno de la gente. Forzar a integrar consorcios, convenir formas de administración, asistir a los menos conocedores.
En homenaje a la convivencia en paz, es otra tarea impostergable.