Seguridad, armonía social, equidad de
oportunidades, proyecto de futuro. Estas son las garantías de una
democracia en construcción. No importa para nuestro caso lo lejanas
que puedan parecer. El motivo es acercarlas.
Argentina trata de sobrevivir a una
severa prueba: la que impone el populismo dominante. Un gobierno
central que despliega su autoridad dividiendo, fracturando,
sometiendo. Enfrente, aunque imperceptible, la oposición reclamable.
El inevitable fracaso de las leyes de
organización política: partidos, provincias, poderes
independientes, sistema electoral, favorecieron la desembocadura en
un régimen de aniquilamiento social.
Una estructura perversa se adueñó del
poder y usa al Estado como caja recaudadora empujando costosos
programas que degluten las arcas del ANSes, no encuentran saciedad en
la asfixia impositiva y arrebatan derechos económicos federales.
Pronto se volverá a votar. Un
escenario erigido por el clientelismo, las prepotencias y los
extremismos acomodará las urnas ante un imprevisible comicio: el
oficialismo procurará sostenerse y su negación, carente de
organización y figuras, disputarán las preferencias.
Urge pensar en los modos de afinar los
recursos de la democracia.
Potenciando las voces regionales,
captando sus reclamos y angustias, reordenando al aparato público
para devolverle una dimensión razonable, el Estado tiene la
obligación de asistir a las necesidades vitales. En un área de dos
millones de kilómetros cuadrados poblada por más de treinta
millones de almas, la obligación es de muy altos costos. Italia,
como ejemplo, tiene que hacerse cargo de poco más de 50 millones de
habitantes en un territorio muy parecido al de la provincia de Buenos
Aires. Imaginemos dar energía, educación, salud, transportes, en
ambas situaciones. No se entiende cómo nosotros podemos proveer a
una familia el agua potable que acostumbra consumir diariamente a
menos de 3 pesos, como se da actualmente.
Se tiene que repensar toda la economía,
en función de esas demandas y no tan abrumadoramente como se hace
atendiendo a las de la producción.
Habrá que alentar un mapa en el cual
las familias alcancen esa dignidad como prioridad básica. Quizá hay
demasiada extensión ocupada para las posibilidades de satisfacción
que muestra la economía nacional.
La razón de la democracia está dada
en la igualación de oportunidades, sin poderosos y débiles y con
muchas menos diferencias sociales.
Es imprescindible regenerar el sistema
electoral llevando a los congresos a las más legítimas
representaciones regionales; reformulando el poder de los jueces, que
no pueden seguir siendo un fuero excluyente de los abogados: todo
ciudadano digno está en derecho de juzgar a sus pares. Los
organismos ejecutivos (de las comunas, los provinciales o de la
nación) no deben seguir siendo campos de amiguismo y de favores.
Tienen que basarse en planteles permanentes, de carrera, con la
debida recurrencia a las casas de estudio e investigación. Los jefes
deben asentarse en la cabeza de los entes de legislación y control,
conformados por los candidatos propuestos por los partidos. En un
municipio, por ejemplo, el titular del Concejo vecinal será el
mandamás de los funcionarios del ejecutivo. Pero, desde el cabildo;
no, armando sus propias tropas y aprovechándose del dominio sobre el
personal comunal.
Con fundamento, las causas de más
trascendencia judicial deberán ser atendidas por tribunales
internacionales, independientemente de los factores de intereses
domésticos.
Los medios de comunicación, que hoy
han reemplazado a los partidos en la ligazón de la gente con los
funcionarios (tratando de imponer sus puntos de vista) deberán estar
claramente identificados con las agrupaciones políticas. No se
justifica la propaganda oficial, que se paga con el dinero de todos.
Corresponde cubrirla al partido responsable del mandato popular. Y,
así, los bienvenidos otros.
Se requiere una nueva ley de Partidos,
que impulse la congregación de bases regionales. Las casas políticas
son la fuente de los proyectos más representativos y escuela de la
dirigencia. Los congresos surgidos por efecto de esa actividad
deberían resolver la elección de las autoridades de mayor
jerarquía, descartando el modo engorroso, caro, sumamente incómodo
y pobremente convocante que hoy existe.
Un organismo estatal que carga
presupuestariamente con fuerzas armadas (ejército, marina,
aeronáutica, gendarmería, prefectura y policías), que debe
sostener al culto oficial, subsidiar a la educación privada, está
imposibilitado de cumplir cabalmente. Además de la dudosa necesidad
de semejante cuadro de fuerzas bélicas, las policías no se han
liberado de la corrupción que les cargó la dictadura: arrastran
personal y equipamiento que desenvuelve infelizmente la inteligencia
preventiva del delito.
Ilustraciones de J. Raitzin
Ilustraciones de J. Raitzin
