A finales de mayo, las protestas sociales, las reivindicaciones medioambientales y el rechazo a las discriminaciones étnicas estremecían a la región autónoma de Mongolia Interior. Tras varias jornadas de revueltas, el Gobierno se comprometió a desbloquear fondos para reforestar y alentar el desarrollo de las praderas, pero guardó silencio en cuanto a las normas medioambientales y las cuestiones étnicas.
El año pasado, durante las huelgas que agitaron las fábricas de Cantón, el Gobierno central limitó las detenciones. El primer ministro Wen Jiabao incluso fustigó a las direcciones de grupos extranjeros como Honda o Foxconn Technology. Apoyó verbalmente las peticiones de aumento de sueldo. Algunas empresas entonces decidieron (o amenazaron con) deslocalizarse a Vietnam o Bangladesh, donde los trabajadores están aún peor pagados. Desde entonces, las reivindicaciones se diversificaron y se extendieron: escalada de precios –en especial los de los alimentos (11,5% en abril) –, corrupción, polución peligrosa para la salud, crecimiento continuo de las desigualdades, expropiaciones de tierras o de viviendas.
Los potentados locales esperan contenerlas mediante una represión cada vez más intensa, mientras que el poder central parece correr de incendio en incendio, aguardando evitar lo peor: el cuestionamiento del régimen en sí. “Hay un sentimiento creciente de frustración en la población, al que [los dirigentes] son incapaces de responder enviando un mensaje coherente, unificador, incluso en el seno del Partido” (“Wave of unrest rocks China”, The Wall Street Journal, 14 de junio de 2011).
Sin duda alguna, el debate existe en el seno mismo del Partido Comunista Chino, reflejando la inquietud de una parte de las clases medias, pilar fundamental del poder: antaño más preocupadas por el enriquecimiento propio que por el destino de los más desfavorecidos, éstas advierten de los peligros de la fractura social y política, pues las diferencias de ingresos se vuelven insoportables. Investigadores, sociólogos y periodistas se movilizan, no para cambiar de régimen, sino para infundir más justicia social y para construir un Estado de derecho social.
