En el caso argentino ( o aún el chileno, boliviano, uruguayo etc.), las hipótesis de conflicto son muy débiles. Nuestra Patria cuenta con ejército, marina, fuerza aérea, gendarmes, prefectos y policías federales y provinciales encargados de velar por nuestra inseguridad.
Es de suponer que si fuéramos a la guerra, destinaríamos a todos el elemento humano formado a ese fin, mientras los civiles esperaríamos el resultado, desarmados y sin instrucción.
Lo que pretendemos exponer no es la conveniencia de reinstalar el servicio militar (como algún trasnochado reclama en pos de corregir conductas antisociales) sino plantear cuál es la justificación que pueda aceptarse de semejante estructura prebélica, que consume una gran parte del presupuesto global.
¿No sería más razonable disponer de una sola fuerza policial que resguarde el orden público (con la necesaria capacitación, dotación, remuneración, profesionalidad) y vigile las fronteras (por el contrabando, obviamente)?
Se puede plantear qué destino darle al personal excedente. Las autoridades están regalando nuestras riquezas (en la minería, por ejemplo) y expulsando la inversión (por la desconfianza que origina la inestabilidad institucional). Lo que deberemos retraer para dar pie a un nuevo mapa productivo, equitativo a las potencialidades regionales y respetuoso del más justo reparto de los frutos.
¿No es así?
