lunes, mayo 08, 2006

Torturadores en el banquillo de la ONU



Por primera vez en seis años, el gobierno estadounidense rinde cuentas ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por el tratamiento que brinda a los llamados "combatientes ilegales" que mantiene retenidos.

Una treintena de altos funcionarios gubernamentales -del Departamento de Estado, Defensa, Justicia y Seguridad Interna- comenzaron a testificar ante la comisión investigadora en Ginebra, Suiza.

Los comparecientes deben responder acerca de la existencia de prisiones secretas de la CIA en las que los detenidos recibirían apremios ilegales. O detalles sobre el llamado proceso de "entrega extraordinaria", en el que prisioneros habrían sido entregados a terceros países en los que corrían el riesgo de ser torturados.

También se les pregunta si ciertos métodos para extraer información a los presos habrían sido autorizados por funcionarios de alto rango en la administración del presidente George W. Bush.
Imogen Foulkes, corresponsal de la BBC en Ginebra, señala que los abusos en la prisión iraquí de Abu Ghraib y las largas detenciones sin cargos o juicio en la base naval de Guantánamo han dado pie a los grupos defensores de Derechos Humanos para afirmar que Washington está violando convenios internacionales.

Estados Unidos es país signatario de la Convención de la ONU contra la Tortura, por lo cual se le requiere que regularmente informe al comité sobre su cumplimiento.
Las audiencias son públicas y los diez expertos legales internacionales van a hacerle a los funcionarios estadounidenses preguntas incómodas. De hecho, los miembros del comité ya han adelantado que consideran que la actual definición de Estados Unidos sobre lo que considera tortura parece ser "demasiado estrecha".

Estados Unidos ha insistido siempre en que se "opone inequívocamente" a la tortura y que mantiene su compromiso con la prohibición de Naciones Unidas. El Comité contra la Tortura no tiene poderes formales, es decir, no puede imponer sanciones. Pero sí publicará sus recomendaciones, y es de esperar que cualquier país signatario de la Convención las implemente.