A mediados de marzo se reunieron en la sede del Banco Central quienes han asumido la lucha mundial contra el financiamiento del terrorismo.
La reunión olvidó un pequeño detalle: no considerar dentro de esa categoría a los Estados Unidos.Por eso asistió Patrick O'Brien, máxima autoridad del Departamento del Tesoro de ese país en el tema de financiamiento del terrorismo.
Afianzando la presencia norteamericana, este cónclave reunió a funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial.También estuvieron presentes el Banco de España, el Ministerio de Economía de Italia, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el Comité Interamericano Contra el Terrorismo, el Comité Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, la Federación Latinoamericana de Bancos, la Asociación Internacional de Bancos de Florida (EEUU) y representantes de los bancos centrales de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
El presidente del BCRA, Martín Redrado, y el canciller Jorge Taiana, transmitieron la posición argentina al inaugurar la Cumbre. "El Banco Central de la República Argentina se ha puesto al frente de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero en el sistema financiero argentino", afirmó Redrado.
Por su parte Taiana señalo que "La Cancillería apoya esta importante iniciativa del Banco Central, que tiene por objeto reflexionar sobre las estrategias en el marco político, jurídico y de aplicación de la ley en materia de lucha contra la financiación del terrorismo".O'Brien elogió la cooperación regional que realiza el BCRA e insistió en la importancia del intercambio de información: "Conozca a su cliente", fue su recomendación para los bancos.
El BCRA instruyó oportunamente a los bancos para que cumplan las resoluciones dictadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores entre las cuales se obliga a las entidades financieras a consultar listas de personas "sospechosas" que han sido elaboradas por Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, e informar si hay cuentas en el país cuyos titulares integren esas listas.
El impacto de la Ley Patriota de Estados Unidos en los sistemas financieros latinoamericanos, fue uno de los temas debatidos durante la cumbre. Esta ley, sancionada en los Estados Unidos a solo 45 días del atentado a las Torres Gemelas y que suma cada vez mayor cantidad de opositores en ese país, habilita al FBI y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) a grabar conversaciones telefónicas, correos electrónicos y servidores de Internet sin necesidad de intervención judicial.
