La provincia de Buenos Aires está partida en dos mundos muy diferentes. El conurbano, quizá inseparable de la Capital Federal, con sus 10 millones de habitantes, y el resto provincial: extenso, despoblado.Ese segundo mundo bonaerense integra y aporta a un estado demasiado inequitativamente.
La mayor parte del presupuesto votado en La Plata tiene que ocuparse de los dramas del Gran Buenos Aires, ya sea con fines de seguridad, justicia, educación o emergencias sociales. El otro centenar de partidos reclama, con suerte según bandería política circunstancial, por el saldo mínimo restante.
Recomponer Buenos Aires es una cuestión de equidad política. Hay que dividir el territorio en el Conurbano, que deberá ligarse definitivamente con la Capital Federal, y el otro continente provincial, dando lugar a dos estados. Ese tema merece ser debatido y resuelto a la brevedad.
En materia constitucional, la justicia y la seguridad no pierden ninguna actualidad. Este es un abanico de problemas que va desde el trágico sistema carcelario, abarcando su incapacidad física y doctrinaria para la recuperación y el castigo, hasta la legislación que pretendidamente pueda afirmar un esquema de justicia.
Hay temas legislativos puntuales que no son llevados a la arena parlamentaria o partidista. Por caso, la justicia de faltas, cargada a espaldas de la Provincia y los municipios. ¿Cómo puede seguir sosteniéndose un sistema de castigos, dando por supuesto que todos los bonaerenses tenemos una misma capacidad económica?. No es otra cosa el penar con dinero las infracciones de tránsito, transporte, comercio, industria, etc. Donde se renuncia a la equidad, se deja de ser justo.
¿Podrá ser lo mismo un castigo de 200 pesos por un cruce de semáforos en rojo para un infractor pobre como para uno rico?. Porque en la base de esa legislación está el suponer que un peso puede doler lo mismo a quien mucho puede como a quien nada tiene. Eso está todo mal. Fundamentalmente, a medida que han aumentado groseramente las diferencias entre ricos y pobres.
Debería castigarse teniendo en cuenta la habilitación dada por la sociedad, sea a un comerciante, a un conductor o a un servidor público. Por ejemplo, acortar el periodo de renovación de la licencia de conductor a quien infringe una disposición de tránsito.
En el drama policial y carcelario, el derecho se basa excesivamente en las responsabilidades individuales. Eso no está bien. Como la sociedad toda, la familia tiene que ser la célula primaria. Por lo tanto, que quien comete delito sepa que está comprometiendo ante todos a sus padres, sus hijos, su gente. El estilo actual individualiza demasiado al criminal. Hay que envolverlo pesadamente en su entorno familiar. Que sienta la vergüenza de hacer pública a su familia. Ese es el sentido de culpa que debemos recuperar y fortalecer para consolidarnos socialmente.
En otro plano, Buenos Aires impuso la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en su territorio. Se multa a los conductores que no cumplen con la ley. Pero: ¿no resulta irrisorio que estén circulando a la par un auto con patente bonaerense, obligado a la VTV, con otro que no arriesga penas por ser de otra provincia? La ley de la VTV es valiosa. Pero es obvio que tiene que ser de cumplimiento nacional.
Hay distintas urgencias que habrá que estudiar y valorar, proponiendo soluciones a los reclamos de una Argentina mortificada por la corrupción y el desencuentro.
