Una disposición nacional autoriza a los jueces de Faltas a reducir hasta un 50% los montos de las multas vigentes. Hablamos de bajarlas de $ 300 a 150, al efectivizarse. Hasta ahora la mayor bonificación correspondía a la del pago previamente a las audiencias (para entenderlas: algo así como "economía judicial").
No hace mucho se habían impuesto castigos pecuniarios graves para la gran mayoría de las infracciones (desde el no usar casco con la moto hasta atravesar una ruta con hacienda). Todo, aún a sabiendas de las gigantescas diferencias entre pudientes y pobres, que hacen inequitativa la punición con plata. O sea, injusta.
Hay tal aquelarre conceptual que las normas castigan situaciones de pleno derecho (como cruzar indebidamente una bocacalle semaforizada)hasta las que nada tienen que ver con el derecho (como no usar casco o no abrocharse el cinturón de seguridad). Siguiendo el camino tomado por los legisladores( apremiados por las locuras que ensangran a las rutas) puede imginarse que llegarían a castigar leer ciertos libros, elegir determinado credo o no usar perfume. Estas cuestiones son propias del libre albedrío, de la moral. No tienen parentesco con el derecho. Debe actuarse con recursos como la persuasión pública o las campañas educativas.
Las disposiciones de Tránsito y Transporte están forzadas a respetar esa distinción. No pueden injerir sobre la libertad. Hay que diferenciar las conductas que ponen en riesgo el derecho del otro de aquéllas que son meramente decisiones personales.
El avance estatista hiere a la democracia. Las urgencias electorales y los negociados queman los tiempos necesarios para evaluar los desórdenes y ponerse a corregir las vías orientadas a la bendita paz social. Es tarea para los partidos políticos y su dirigencia.
