Falsos logros públicos

El gobierno proclama haberse logrado blanquear a cerca de 400 mil trabajadores del servicio doméstico. Remarca que en los años más recientes se dio una aceleración clara de ese proceso.
La satisfacción es destacable. Se ha logrado un poco más de dignidad en uno de los trabajos que deberá desaparecer con el progreso.
El empleo de personal doméstico es una rémora que recuerda los tiempos de servidumbre. Pobres sirviendo a pudientes. Así de cierto.
¿Es difícil pensar en un futuro en el cual esa prestación se elimine y cada hogar tenga la manera de proveerse higiene y orden sin recurrir a personas que por su condición económica o su capacitación se presten a lavar inodoros o fregar pisos ajenos?
Este estilo de servidumbre funciona en un sistema social en el cual un despreciable reparto de frutos mantiene a la mayoría en la pobreza, dispuesta a ofrecerse domiciliariamente. Seguramente que con una distribución más justa de las posibilidades de vida cada familia deberá encargarse de la higiene hogareña (tal vez por medio de empresas que provean esa prestación).
Duele que las autoridades de turno se jacten de logros que tienen más que ver con un esquema social injusto que con metas de progreso real.

24 de Marzo de 2009

33 años después, con medidas dilatorias en los juicios a los genocidas,con errores de gobierno que deben ser debatidos socialmente, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca llevó a cabo el acto que realiza cada año los 24 de marzo. En el ingreso por el Camino La Carrindanga a lo que fue el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, que funcionara en tierras del Comando Quinto Cuerpo, numerosos familiares y militantes se congregaron a partir de las 10 horas.

Dirigentes de la Asamblea Permanente dijeron "¡Presente!" a las almas de los 30.000 detenidos-desaparecidos. Se remarcó: "No importa lo que diga el gobierno: 95% de los genocidas están libres; 400 jóvenes fueron apropiados y Julio López sigue desaparecido".

Estatismos e injusticias

Una disposición nacional autoriza a los jueces de Faltas a reducir hasta un 50% los montos de las multas vigentes. Hablamos de bajarlas de $ 300 a 150, al efectivizarse. Hasta ahora la mayor bonificación correspondía a la del pago previamente a las audiencias (para entenderlas: algo así como "economía judicial").
No hace mucho se habían impuesto castigos pecuniarios graves para la gran mayoría de las infracciones (desde el no usar casco con la moto hasta atravesar una ruta con hacienda). Todo, aún a sabiendas de las gigantescas diferencias entre pudientes y pobres, que hacen inequitativa la punición con plata. O sea, injusta.
Hay tal aquelarre conceptual que las normas castigan situaciones de pleno derecho (como cruzar indebidamente una bocacalle semaforizada)hasta las que nada tienen que ver con el derecho (como no usar casco o no abrocharse el cinturón de seguridad). Siguiendo el camino tomado por los legisladores( apremiados por las locuras que ensangran a las rutas) puede imginarse que llegarían a castigar leer ciertos libros, elegir determinado credo o no usar perfume. Estas cuestiones son propias del libre albedrío, de la moral. No tienen parentesco con el derecho. Debe actuarse con recursos como la persuasión pública o las campañas educativas.
Las disposiciones de Tránsito y Transporte están forzadas a respetar esa distinción. No pueden injerir sobre la libertad. Hay que diferenciar las conductas que ponen en riesgo el derecho del otro de aquéllas que son meramente decisiones personales.
El avance estatista hiere a la democracia. Las urgencias electorales y los negociados queman los tiempos necesarios para evaluar los desórdenes y ponerse a corregir las vías orientadas a la bendita paz social. Es tarea para los partidos políticos y su dirigencia.