Escuchar a uno de los más
experimentados peritos judiciales de la Nación decir que jueces y
fiscales acomodan las pericias de acuerdo al dictamen que procuran
instalar es conmovedor. Y paralizante.
Roberto Locles confiaba a los medios de
prensa que una reciente sentencia en su contra era lo que seguramente
esperaba y que se disponía a apelar ante Casación.
Se trata del caso en que se lo
considera autor de la degradación de una prueba clave en el
asesinato del ferroviario Ferreyra (que le cuesta prisión a la
cúpula de la Unión Ferroviaria y que no podrá llegar más alto muy
probablemente).
Nefasto panorama que pinta un asistente
de la justicia con larga carrera en el medio tribunalicio. El poder
de los jueces ha dejado de ser garantía ciudadana. Lo más
tranquilizador es que deben estar actuando todavía árbitros dignos
dentro de una estructura erróneamente dada al privilegio de un
cuerpo técnico (el de los abogados), que es la única profesión que
permite acceder a un juicio.
Esto significa que ningún argentino
confiable (sea arquitecto, empleado o ama de casa) puede resolver
sobre la conducta de un conciudadano. Bastaría que tenga criterio y
se le aporten los asesores jurídicos que correspondan al mejor logro
de su compromiso. Es obvio.
Un sistema judicial que incorpore
tribunales extranacionales, como podrían ser los del Mercosur,
estaría habilitado para juzgar las causas más graves y alejarlas
del juego de influencias e intereses que podrán fructificar
indeseable o incontrolablemente bajo marcos provinciales o de la
nación.
Punto aparte para el desastroso sistema
carcelario, cuya meta es mantener fuera de la sociedad durante un
tiempo a los presuntamente indeseables. Urge repensar cómo
enderezar la disconducta de los presos y volverlos a la civilidad con
los derechos que corresponden.
