Chile es de los hombres de negocios

La Editorial de El Mercurio del domingo 16 de mayo, en el apartado “Reconstrucción y política”, le asigna una importancia trascendental al primer mensaje presidencial de Sebastián Piñera.
“Esta semana, el país escuchará la primera cuenta del Presidente Piñera, con la que éste buscará iniciar una nueva etapa de su gobierno, pues, ante las prioridades de la emergencia, él ha debido postergar sus propuestas programáticas”
Sin embargo, el Presidente Sebastián Piñera con su gran habilidad ha logrado ocultar dos de los temas más trascendentales para Chile.
En primer lugar, con el aumento del impuesto transitorio a la gran minería, reafirma las normativas anticonstitucionales que entrega en propiedad privada los yacimientos mineros, pesar de que la Constitución señala categóricamente que: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Esta traición a Chile se aprobó en Dictadura, propuesta por su hermano José Piñera, cuando era Ministro de Minería de Pinochet, y cuando Sebastián Piñera tenía problemas jurídicos como máximo ejecutivo del Banco de Talca.
El otro gran tema que ha logrado ocultar es la privatización de CODELCO, iniciándose, con la privatización de actividades esenciales, entre ellas, el suministro de energía eléctrica, fundamental en la explotación del cobre. Asimismo, pretenden privatizar los ricos yacimientos de CODELCO que aún no están siendo explotados.
Todos los nuevos nombramientos del Presidente Piñera en CODELCO, tienen como común denominador, el haber participado activamente en la desnacionalización del cobre, dirigiendo las empresas que se apropiaban del cobre, o con “estudios” que le permitían ocultar este robo a Chile.

José Piñera demoró sólo dos meses para generar este engendro que ha posibilitado la desnacionalización del cobre. En la actualidad, cerca del 73% de la producción de cobre en Chile está en manos extranjeras. Y ahora, van por CODELCO.El relato de José Piñera, de cómo procedió a la desnacionalización del cobre aprobada por el Congreso en Pleno, durante el Gobierno Allende, es burdo y dictatorial. Es una gran traición a Chile que debe ser sancionada por los chilenos.
José Piñera, en su documento” El Cascabel de la Minería”, -2002-, señala que a inicios de los 80’s, la Dictadura enfrentaba una crisis, por la oposición de militares a la desnacionalización del cobre y a la privatización de CODELCO.
Esto es ¡increíble! Si la explotación del yacimiento hasta su agotamiento se estima en 40 años y Chile decide Nacionalizar ahora, debería pagar en forma actualizada los flujos netos de caja de los 40 años, que es mayor que las extraordinarias utilidades anuales, ya que incluye el valor del mineral extraído anualmente. Es decir, Chile debería pagar el Yacimiento que otorgó en propiedad privada. Así se borro la Nacionalización del Cobre, aprobada por unanimidad del Congreso Pleno el 11 de julio de 1971. Esto fue la culminación de 20 años de lucha por la nacionalización del cobre, vinculado a los proyectos de nacionalización presentado por Salvador Allende a inicios de los años 50’s.

 Publicación de www.argenpress.info

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Exaltados, sin duda, por la rara jugada de elevar a NCK a la titularidad de la UNASUR, la Juventud Radical presentó esta novedosa caricaturización que gustosamente difundimos.

La ansiedad por los autos y la corrupción económica

Las cifras de ventas bahienses de 0 km en el primer trimestre de 2010 revelan una recuperación de Fiat.

Apenas superada por la Volkswagen, la marca italiana orilla el 18%. Un tercer lugar es compartido por General Motors, Renault y Ford (ésta, en ostensible empuje), con 12 de cada cien compras cada una.

Algo menor, con el 10% del mercado, aparece Peugeot. Productos de origen asiático suman el 10% restante. En el último renglón de la lista, Citröen, con 2 de cada centenar.

Estas cifras están condicionadas por la calidad de la entrega con la que cumplieron las distintas terminales, por los nuevos modelos que se dieron a conocer en el periodo de análisis, por cambios entre los valores y por el volumen publicitario a que recurrió cada marca.

Se puede afirmar que el mayor porcentaje de los compradores opta por unidades de 45 a 50 mil pesos. Siguen en proporción quienes están entre los 66 y 70.000, y, a ese mismo nivel, los que oblan entre 35 y 40 mil.

Los adquirentes de rodados que varían de 80 a 100 mil alcanzan a un 6%, porción muy cercana a quienes se decidieron por los de más de 100 mil pesos.

Lo que debe tenerse en cuenta es que en el nivel de 45 a 50 mil y en el de 55 a 60 mil pesos hay cinco marcas distintas participando. Cada uno con sus modelos. Es decir que, para comprar un auto de 45 a 50 mil puede haber fácilmente cerca de diez alternativas. Eso significa mantener en la industria esa cantidad de líneas de producción, con todos sus cuadros de gastos: desde accesorios diferentes hasta campañas específicas de publicidad.

Lo que se trata de poner en claro es que hay un derroche de inversiones superfluas para sostener un mercado que absorbe recursos destinables a inversiones más productivas (sobre todo en los que significa infraestructura para mejores productividades, abastecimientos y eficiencias).

Este tipo de actividad económica, instalada en una economía nacional endeudada, empobrecida y dependiente sólo ayuda a debilitar las perspectivas de salida.

Ha habido en este medio siglo un dominio exagerado de la industria del automóvil sobre las posibilidades de desarrollo. Con la excusa de absorber una parte alta de la mano de obra activa, han excitado ansiedades y prejuicios del consumidor, promoviendo gustos y decisiones negativos para el crecimiento.

Chile (antes del desastre, por lo menos) no fabricaba automóviles y los ofrecía a su gente a la mitad del precio argentino.

Por otra parte, la masa de impuestos recaudada sobre la venta de rodados ha engordado a un aparato estatal desmedido y fuertemente improductivo. A pie de un federalismo corrupto, la estructura pública, con su altísimo porcentaje de gastos en fuerzas armadas y de seguridad (o, ¿inseguridad?) ha llegado a niveles difíciles de sostener. El caso de Bahía Blanca es buen ejemplo: hace cinco años se necesitaban 120 millones para las arcas municipales. Hoy, casi 700. Esto significa que cada familia bahiense en condiciones de aportar impuestos está sufriendo una quita de mil pesos mensuales para que la administración comunal cumpla sus propósitos.

Pareciera que los funcionarios (de los tres poderes) no disfrutan del tiempo suficiente para analizar estas cuestiones. Es cierto que las urgencias de elecciones cada dos años marcan prioridades en las voluntades de los políticos. Pero lo determinante es que la vacuedad de los partidos ahonda ese deficit. No hay ámbito donde pueda razonarse sobre los caminos que se toman (que profundizan la corrupción) y en los que pueda debatirse y proyectar en pos de una dirigencia más comprometida con la realidad social.