Una remuneración de 6 mil pesos sufre una reducción de casi 200 por efecto de ese gravamen.
Si se toma en cuenta que cada trabajador está castigado con la pérdida de casi un 20% de sus ingresos en blanco como consecuencia del IVA, aquel porcentaje debido a ganancias se ve como irrisorio.
Cualquier (todo) sueldo se destina a consumo. No hay alternativa: ahora, o más tarde, ese ingreso se asignará a las necesidades del laborador y su familia.
Aquella reducción por el IVA debe agregarse a lo que le reclaman gobernadores e intendentes.
Nuestra idea es hacer ver lo desacertado de un criterio fiscal que restringe la capacidad de gasto de las familias. Que ese achique obedece al desmesurado engrosamiento del aparato público, cada vez más apetente de recursos.
Promover una economía de mercado es contrastante con afectar la posibilidad de compra de la gente. Más, si se tiene en cuenta la naturaleza del impuesto, que debería procurar hacer que los que más tiene ayuden a los que menos pueden.
Lamentablemente, la corrupción del orden democrático, empujada por las monopolizaciones privadas y públicas, nos aleja progresivamente del bienestar. Y ésa es una oportunidad que dista mucho de ser eterna.
