El tema más recurrente de hoy es la inserción de sindicalistas en la dirección de las empresas privadas.
Es un reclamo con poco sentido. Quizá tenga más pinta de actitud proselitista de la CGT que de propuesta de democratización del aparato productivo general.
No cabe duda que carecemos de un perfil político que oriente o apoye las posibilidades generativas de bienes y servicios. Las intenciones del Ejecutivo son espasmódicas, sectoriales y oportunistas, en consonancia con el sistema electoral.
Cuando nos pongamos en serio a reconocer qué y cuánto somos y hacia dónde convendría ir será el momento de definir una política económica federalista y de fuerte acomodación internacional.
Lamentablemente, las urgencias impuestas por la vida urnística empobrecen nuestro andar y nublan los horizontes apetecibles.
Mientras tanto, las diferencias sociales se agudizan, se robustecen los monopolios, engorda desmesuradamente el esquema público estatal y aumenta la inseguridad general.
Es aprobable que las voces sindicales tengan espacio y peso en la definición de nuestras políticas económicas. Pero esa inserción debe darse al nivel más alto para lograr eficacia y participación. No, como esbozan los capitostes gremiales, en las mesas directivas de las empresas: porque eso llevaría más a enriquecimientos indeseables que a posibilidades representativas de la fuerza del trabajo en las cunas de la creación productiva.